En el Teatro de Iturbide, Luis Manuel Rojas Arreola, en su calidad de Diputado Presidente declaró “El Congreso Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos abre hoy, 1º de diciembre de 1916, el período único de sesiones.” y posteriormente José Venustiano Carranza Garza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión hizo uso de la palabra para expresar los motivos que justificarían el “Proyecto de Reformas a la Constitución del 5 de febrero de 1857” que sometió a la consideración de este Congreso Constituyente.
Así, los diputados constituyentes de 1916-1917 formalmente conocieron el proyecto que durante dos meses discutieron, modificaron, adicionaron y aprobaron para quedar como la “Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos que Reforma la de 5 de Febrero de 1857” que Venustiano Carranza promulgó el 5 de febrero de 1917 y que entró en vigor el 1º de mayo siguiente, en donde quedaron incorporadas muchas de las demandas provenientes de la Revolución y se establecieron los principios básicos sobre los que se empezaría a construir el sistema político mexicano del siglo XX que se encargaría de darle la tan anhelada estabilidad al país que necesitaba en la era posrevolucionaria.
Al paso del tiempo fue moldeándose el entonces ‘nuevo’ régimen presidencial en México con sus características propias, mismo que funcionó durante la hegemonía de un partido político único en el poder pero se carecía de algo que resultaba ajeno en nuestro sistema político: la democracia. De lo contrario, ¿cómo podemos entender que en 1976, los ciudadanos de aquel tiempo, sólo tuvieron la opción para elegir a José López Portillo como Presidente de la República? Derivado de varios sucesos de la época, entre esos, el movimiento estudiantil de 1968 y la referida elección presidencial, tuvo origen la Reforma Política de 1977 que impulsó Jesús Reyes Heroles y que marca un punto de inflexión en lo que podemos llamar el inicio de la transición política: de un sistema del partido hegemónico a uno pluripartidista.
En este contexto, la LVII Legislatura de la H. Cámara de Diputados (1997-2000) tuvo gran relevancia al confirmar en su integración, el pluripartidismo que llegó para quedarse en nuestra muy joven democracia, toda vez que por primera vez el Partido Revolucionario Institucional ya no contaba con la mayoría absoluta y Porfirio Muñoz Ledo pasó a la historia al ser el primer diputado de oposición (PRD) en presidir esta Cámara el 1º de septiembre de 1997 y en contestar el tercer informe del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Posteriormente, vino la alternancia en el ejercicio del Poder Ejecutivo Federal al llegar Vicente Fox Quezada quien fue postulado por el Partido Acción Nacional y le toca ser también el primer Presidente en no contar con la mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso.
Actualmente sería impensable tener un escenario similar al de hace 35 años, sin embargo, a partir de que nuestra realidad política permitió la creación de nuevas opciones para los ciudadanos mediante distintos partidos políticos, se fue cristalizando el mosaico pluripartidista pero bajo el andamiaje constitucional del antiguo regimen. Es evidente que las últimas reformas constitucionales de fondo que han sido impulsadas por distintos actores políticos, sólo muestran un interés en la forma en como deben organizarse las elecciones y garantizar su confiabilidad, empero, existe un desinterés o “falta de acuerdos” para realizar la Reforma del Estado o la Reforma Política más importante: la forma en como debe ejercerse el Poder Público.
Esta reforma debe de centrarse en los mecanismos de colaboración y de pesos y contrapesos entre los poderes federales Ejecutivo y Legislativo sobre el principio de que el Presidente de la República no cuenta con la mayoría absoluta en el Congreso y en la tendencia actual, parece que el Poder Legislativo Federal seguirá integrado por minorías, a menos que se quiera incorporar la llamada “cláusula de gobernabilidad” que garantiza al partido político que obtenga el mayor número de los votos, léase, la primer minoría, se le otorguen en forma automática un número de curules o escaños para que alcance la mayoría absoluta, es decir, con ésta cláusula se busca construir mayorías artificiales que permitan “gobernar” o mantener el “establishment”.
De ahí que nos vemos en la necesidad de construir un régimen presidencial funcional a los requerimientos de la joven democracia mexicana. Un sistema presidencial dotado de nuevas formas políticas, culturales y jurídicas para estimular la formación de esas mayorías que se requieren urgentemente y que sólo podrán alcanzarse mediante la conformación de pactos mayoritarios entre las minorías representadas en el Congreso, porque es notorio que uno de los grandes problemas de nuestro sistema político es la falta de construcción de acuerdos que se traduzcan en una gobernabilidad democrática y que se vea reflejado en un proyecto de nación incluyente.
Sobre este punto, recuerdo que a fines del año 2004, Manuel Camacho Solís, en su calidad de Diputado Federal Presidente de la Comisión Especial para la Reforma del Estado de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados y Diego Valadés, Director de Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, llevaron a cabo el foro Gobernabilidad democrática: ¿qué reforma?, y ahí se pudo apreciar la gran pluralidad de ideas en donde cada uno de los 118 participantes dejó testimonio de la reforma que proponía, cabe mencionar que entre ellos se encontraban todos los aspirantes a la candidatura presidencial del año 2006. Si revisamos las propuestas podemos percibir la forma en que los principales actores políticos de nuestro país, concibieron las soluciones para actualizar el sistema político mexicano a las necesidades propias de la diversidad política.
Cinco años después, México se encuentra ante la impostergable necesidad de concluir su transición política y democrática creando un nuevo conjunto de reglas institucionales que ponga al día al Estado con la sociedad y facilite la maduración democrática de su relación.
Es necesario que nuestro régimen presidencial pueda afrontar los retos del siglo XXI y la Reforma Política que se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados es un punto de partida para una gran reforma de fondo.
No debe perderse la oportunidad de ampliar, mejorar y fortalecer la minuta de Reforma Política que el Senado de la República aprobó el pasado 27 de abril.
Es un imperativo luchar por la reforma deseada y no tener que conformarnos –una vez más- con la reforma posible.
De no hacerse hoy, pasarán otros muchos años más sin que se toque el arcaico diseño constitucional que fue funcional durante el antiguo régimen.
Estoy cierto que no debemos centrar sólo la atención en los cuatro puntos de esta reforma relativos a la “ciudadanización” de la política a saber:
1. Candidaturas Independientes;
2. Consulta Popular;
3. Iniciativas de Ley Ciudadanas, y
4. Reelección de Legisladores y de Presidentes Municipales.
Aprobarlos sin discusión y sin tener la idea de cómo sería su regulación específica, sería un error que con el tiempo puede ser muy lamentable, por ejemplo, para el caso de las candidaturas independientes, lejos de aportar para el crecimiento de nuestra democracia, existiría el riesgo de ir en retroceso y caminar rumbo a una plutocracia.
En tal virtud, se trata de construir ciudadanía y las instituciones necesarias para resolver sus causas, para fortalecer a nuestra joven democracia, profundizar su contenido y ser capaces de ampliar los reducidos alcances de la actual organización política.
Son los legisladores federales quienes tienen la responsabilidad histórica de cumplir con el mandato que les otorgó la ciudadanía y pronunciarse al respecto, porque una cosa es incuestionable: México merece tener un sistema político del siglo XXI con el objetivo de que exista una eficaz gobernabilidad democrática.
Pd: el presente artículo fue publicado para Gurú Político // SinEmbargo.Mx y que puede ser visto aquí.
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