Precisamente en este
recinto histórico -hace 92 años-
los diputados constituyentes de 1916-1917 discutían vehementemente cuales serían las demandas provenientes de la Revolución que serían atendidas e incorporadas a la “nueva”
Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917 y también se establecieron los principios básicos sobre los que se empezaría a construir el sistema político mexicano del siglo XX que se encargaría de gobernar y dirigir al país con posterioridad.
Así, fue naciendo y moldeándose el entonces ‘nuevo’ régimen presidencial en México con sus propias características, mismo que funcionó durante la hegemonía de un partido político en el poder, sin embargo, a partir de que nuestra realidad se fue haciendo pluripartidista al tener múltiples minorías activas, nos vemos en la necesidad de construir un régimen presidencial funcional a los requerimientos de la democracia mexicana.
Un sistema presidencial dotado de nuevas formas políticas, culturales y jurídicas para estimular la formación de esas nuevas mayorías que necesitamos y que sólo podrán alcanzarse mediante un pacto mayoritario de minorías activas, que sólo se puede lograr por medio de la construcción política de los acuerdos una vez terminado el proceso electoral respectivo, para propiciar la conformación de las mayorías absolutas que nuestra actual realidad política exige y que no puede producir en las urnas, es decir, alentar la creación de nuevas mayorías que soporten la definición de un rumbo progresista para la nación y faciliten la eficacia del gobierno en turno para brindarnos una democracia de resultados.
En el contexto de lo anterior, se necesitan nuevas reglas que, una vez concluido el proceso electoral, le permitan al naciente gobierno hacer una convocatoria amplia y permeable a los proyectos de nación de las oposiciones, no sólo como característica esencial de la diversidad de la democracia, sino como la materia prima necesaria para arribar a los acuerdos que definan un proyecto de nación compartido y así lograr, por la acción de la política, la fuerza mayoritaria para gobernar que no obtuvo en suficiencia de las urnas.
Así, el Poder Legislativo podrá operar como un consejo político de la diversidad y el Poder Ejecutivo se podrá concentrar en cuatro tareas de la mayor importancia: convocar, conciliar, pactar y finalmente coordinar la realización de las acciones programáticas, derivadas de los acuerdos y ser eficaz ante los desafíos.
Hasta ahora la Reforma del Estado ha podido avanzar en materia electoral, pero se requiere concretar la etapa de la construcción del nuevo régimen de gobierno de México, que permita lograr:
1) Una eficaz gobernabilidad democrática;
2) Una democracia de resultados que otorgue certidumbre a la nación, y
3) Una real participación de la sociedad en la toma de decisiones.
Actualmente México se encuentra ante la impostergable necesidad de crear un nuevo conjunto de reglas políticas que ponga al día al Estado con la sociedad y facilite la maduración democrática de su relación. Es necesario que nuestro régimen presidencial pueda afrontar los retos del siglo XXI.
México necesita dar un golpe de timón, no para caminar hacia el pasado, sino para responder a su presente con un claro compromiso social y tomar las riendas de su futuro, dando lugar a un proceso de modernización diferente, esta vez incluyente, que nos ponga a tiempo con el mundo, pero a todos, con todos subidos en la creación de la riqueza y también en la distribución igualitaria de los beneficios.
Por tanto, se trata de construir ciudadanía y las instituciones necesarias para resolver sus causas, para fortalecer a nuestra joven democracia, profundizar su contenido y ser capaces de ampliar los reducidos alcances la actual organización política y civil de nuestra sociedad.
En el marco del tema que nos ocupa, es fundamental reconocer que la
Ley para la Reforma del Estado, construyó un espacio que permitió acercar diagnósticos y soluciones entre todos los grupos parlamentarios y partidos políticos con el fin de construir un régimen de gobierno funcional.
Ahora son los legisladores federales quienes tienen la responsabilidad histórica de cumplir con el mandato que les otorgó la ciudadanía y pronunciarse al respecto, porque una cosa es innegable:
México merece tener un sistema político del siglo XXI con el objetivo de que exista una eficaz gobernabilidad democrática.Lo anterior, debe contribuir a la reflexión sobre si nuestra Constitución goza de eficacia o ya debemos renovarla o –para algunos- crear una Nueva Constitución… y precisamente sobre este tema, haremos referencia en otra entrada.
Salu2 y no olvides postear y expresar tu opinión!!!
