Últimas Reformas Constitucionales

Esta semana que concluye tuvo dos acontecimientos que marcarán una nueva concepción de nuestra Constitución Federal y su forma de intepretar y argumentar el Derecho, en virtud de que el 6 y 10 de junio del año en curso, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, respectivamente:

1. La Reforma Constitucional en Materia de Amparo, y
2. La Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos.

Ambas reformas constitucionales merecen un amplio análisis y comentarios que en próximas entradas en este blog las estaré compartiendo.

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Reforma Constitucional en Materia de DDHH

DECRETO por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LAS CÁMARAS DE DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LA MAYORÍA DE LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS,

DECLARA

SE APRUEBA EL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO I DEL TÍTULO PRIMERO Y REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifica la denominación del Capítulo Primero del Título Primero; el primero y quinto párrafos del artículo 1o.; el segundo párrafo del artículo 3o.; el primer párrafo del artículo 11; el artículo 15; el segundo párrafo del artículo 18; el primer párrafo del artículo 29; el primer párrafo del artículo 33; la fracción décima del artículo 89; el segundo párrafo del artículo 97; el segundo y tercer párrafos del apartado B del artículo 102; y el inciso g) de la fracción segunda del artículo 105; la adición de dos nuevos párrafos, segundo y tercero, al artículo 1o. y recorriéndose los actuales en su orden; un nuevo párrafo segundo al artículo 11, los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo 29; un nuevo párrafo segundo al artículo 33, recorriéndose el actual en su orden y los nuevos párrafos quinto, octavo y décimo primero, recorriéndose los actuales en su orden, al artículo 102 del Apartado B; todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO I
De los Derechos Humanos y sus Garantías

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
(...)
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 3o. (...)
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser
humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.
I a VIII. (...)

Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.
En caso de persecución, por motivos de orden político, toda persona tiene derecho de solicitar asilo; por causas de carácter humanitario se recibirá refugio. La ley regulará sus procedencias y excepciones.

Artículo 15. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Artículo 18. (...)
El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)

Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde.
En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.
La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en
todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación.
Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, bien sea por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso, todas las medidas legales y administrativas adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. El Ejecutivo no podrá hacer observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción o suspensión.
Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez.

Artículo 33. Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución.
El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención.
(...)

Artículo 89. (...)

I a IX. (...)
X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;
XI a XX. (...)

Artículo 97. (...)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal.
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)

Artículo 102.

A. (...)
B. (...)
Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.
Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales.
(...)

Las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos.
(...)
(...)
La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, y de titulares de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley.
(...)
(...)
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral y a lo establecido en el artículo 46 de esta Constitución, se susciten entre:
a - k) (...)
(...)
(...)

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
a - f) (...)
g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
(...)
(...)
(...)
III. (...)
(...)
(...)

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La ley a que se refiere el tercer párrafo del artículo 1o. constitucional sobre reparación deberá ser expedida en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Tercero. La ley a que se refiere el artículo 11 constitucional sobre el asilo, deberá ser expedida en un plazo máximo de un año, contado a partir del inicio de la vigencia de este decreto.
Cuarto. El Congreso de la Unión expedirá la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia de suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías, en un plazo máximo de un año, contado a partir
del inicio de la vigencia de este decreto.
Quinto. El Congreso de la Unión expedirá la Ley Reglamentaria del artículo 33 constitucional, en materia de expulsión de extranjeros en un plazo máximo de un año contado a partir del inicio de la vigencia de este decreto. En tanto se expida la ley referida, este artículo se seguirá aplicando en los términos del texto vigente.
Sexto. Los casos previstos en el segundo párrafo del artículo 97 constitucional, que estén pendientes de resolución al momento de entrar en vigor la reforma, los continuará desahogando la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta su conclusión.
Séptimo. En lo que se refiere al Apartado B del artículo 102 constitucional y a la autonomía de los organismos locales de derechos humanos, las legislaturas locales deberán realizar las adecuaciones que correspondan en un plazo máximo de un año contados a partir del inicio de la vigencia de este decreto.
Octavo. El Congreso de la Unión adecuará la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en un plazo máximo de un año, contado a partir del inicio de la vigencia de este decreto.
Noveno. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente decreto.

México, D.F., a 1 de junio de 2011.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Julio Castellanos Ramírez, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a nueve de junio de dos mil once.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora.- Rúbrica.

Reforma Constitucional en Materia de Amparo

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LAS CÁMARAS DE DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LA MAYORÍA DE LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS,

DECRETA:

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 94, 103, 104 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo Único.- Se reforma el artículo 94, para modificar el párrafo ubicado actualmente en octavo lugar; se incorpora un nuevo párrafo para quedar en séptimo lugar y se incorpora otro nuevo párrafo para quedar en noveno lugar. Se reforma el artículo 103. Se reforma el artículo 104. Se reforma el artículo 107 de la siguiente manera: el párrafo inicial; las fracciones I y II; el inciso a) de la fracción III; las fracciones IV, V, VI y VII; el inciso a) de la fracción VIII; las fracciones IX, X, XI, XIII, XVI y XVII y se deroga la fracción XIV, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 94. ...
...
...
...
...
...
Asimismo, mediante acuerdos generales establecerá Plenos de Circuito, atendiendo al número y especialización de los Tribunales Colegiados que pertenezcan a cada Circuito. Las leyes determinarán su integración y funcionamiento.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la Corte, así como remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aquéllos en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine para una mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados.
Los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se substanciarán y resolverán de manera prioritaria cuando alguna de las Cámaras del Congreso, a través de su presidente, o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del gobierno, justifique la urgencia atendiendo al interés social o al orden público, en los términos de lo dispuesto por las leyes reglamentarias.
La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y los Plenos de Circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución.
La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo.
Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo quince años, sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su periodo, tendrán derecho a un haber por retiro.
Ninguna persona que haya sido ministro podrá ser nombrada para un nuevo periodo, salvo que hubiera ejercido el cargo con el carácter de provisional o interino.

Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite
I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;
II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y
III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.

Artículo 104. Los Tribunales de la Federación conocerán:
I. De los procedimientos relacionados con delitos del orden federal;
II. De todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. A elección del actor y cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden común.
Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado;
III. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso-administrativo a que se refieren la fracción XXIX-H del artículo 73 y fracción IV, inciso e) del artículo 122 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno;
IV. De todas las controversias que versen sobre derecho marítimo;
V. De aquellas en que la Federación fuese parte;
VI. De las controversias y de las acciones a que se refiere el artículo 105, mismas que serán del conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;
VII. De las que surjan entre un Estado y uno o más vecinos de otro, y
VIII. De los casos concernientes a miembros del Cuerpo Diplomático y Consular.

Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;
II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.
Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente.
Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria.
Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no será aplicable a normas generales en materia tributaria.
En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria.
Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados.
En los juicios a que se refiere el párrafo anterior no procederán, en perjuicio de los núcleos ejidales o comunales, o de los ejidatarios o comuneros, el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia, pero uno y otra sí podrán decretarse en su beneficio. Cuando se reclamen actos que afecten los derechos colectivos del núcleo tampoco procederán desistimiento ni el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que el primero sea acordado por la Asamblea General o el segundo emane de ésta;
III. ...
a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior.
La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse.
Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.
Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado;
b) ...
c) ...
IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.
No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;
V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes:
a) ...
b) ...
c) ...
...
d) ...
...

VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar sus resoluciones;
VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;
VIII. ...
a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo normas generales por estimarlas directamente violatorias de esta Constitución, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad.
b) ...
...
...
IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras;
X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.
Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes;
XI. La demanda de amparo directo se presentará ante la autoridad responsable, la cual decidirá sobre la suspensión. En los demás casos la demanda se presentará ante los Juzgados de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito los cuales resolverán sobre la suspensión, o ante los tribunales de los Estados en los casos que la ley lo autorice;
XII. ...
...
XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Procurador General de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
Cuando los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.
Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el Procurador General de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.
Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción;
XIV. Se deroga;
XV. ...
XVI. Si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho incumplimiento es justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley reglamentaria, otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento, plazo que podrá ampliarse a solicitud de la autoridad. Cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito. Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hubieran incumplido la ejecutoria.
Si concedido el amparo, se repitiera el acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley reglamentaria, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable, y dará vista al Ministerio Público Federal, salvo que no hubiera actuado dolosamente y deje sin efectos el acto repetido antes de que sea emitida la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo podrá ser solicitado por el quejoso al órgano jurisdiccional, o decretado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la ejecución de la sentencia afecte a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso, o cuando, por las circunstancias del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación. El incidente tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de daños y perjuicios al quejoso. Las partes en el juicio podrán acordar el cumplimiento sustituto mediante convenio sancionado ante el propio órgano jurisdiccional.
No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional;
XVII. La autoridad responsable que desobedezca un auto de suspensión o que, ante tal medida, admita por mala fe o negligencia fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente, será sancionada penalmente;
XVIII. Se deroga.

Artículos Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a los 120 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Congreso de la Unión expedirá las reformas legales correspondientes dentro de los 120 días posteriores a la publicación del presente Decreto.
Tercero. Los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo.
Cuarto. Para la integración de jurisprudencia por reiteración no se tomarán en cuenta las tesis aprobadas en los asuntos resueltos conforme a lo dispuesto en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto.

México, D.F., a 4 de mayo de 2011.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Juan Carlos López Fernández, Secretario.- Rúbricas."

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a tres de junio de dos mil once.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora.- Rúbrica.

"Derecho Penal del Enemigo"

Un foro que surgió de un debate en twitter...

no dejes de asistir este martes 24 de mayo!

Un Año en Twitter

El pasado 11 de mayo cumplí mi primer año en twitter y para "celebrarlo" escribí el tweet que pueden apreciar en la imagen y que el portal de www.animalpolitico.com tuvo a bien incluirlo dentro de su sección "Los Diez Tuits de la Semana" <-- pincha ahí para ver la nota completa.

Huelga decir que mi decisión de ser un usuario activo de twitter se debió a una entrevista que me hizo @PajaroPolitico un 11 de mayo, pero de 2010 *Noblesse Oblige*

SaLu2 y No Olvides Postear y Expresar Tu Opinión!!!

Minuta de Reforma Política

Este blogger desea compartirles la versión electrónica de la Minuta con Proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La referida minuta es mejor conocida actualmente como la “Reforma Política” que se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados, una vez que el Senado de la República, como Cámara de Origen, la discutió y aprobó el día de ayer, esperando sea de su interés.

Pincha aquí para descargar la Minuta de Reforma Política.

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Salu2 y no olvides postear y expresar tu opinión!!!

El Dr. Miguel Carbonell en "Diálogo Jurídico"

Quiero compartir con uds el programa radiofónico “Diálogo Jurídico” de la Facultad de Derecho de la UNAM que conduce el maestro Eduardo Luis Feher y que se transmitió el pasado lunes 11 de abril en el 860 AM de Radio UNAM y por internet en http://www.radiounam.unam.mx/

En esta ocasión el invitado fue el Dr. Miguel Carbonell, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien habló sobre distintos temas relacionados con el Derecho y la Constitución.

Sobra decir que el Dr. Miguel Carbonell tiene como líneas de investigación el Derecho Constitucional, Derechos Fundamentales y Derechos Humanos.

Pincha aquí para descargar el programa “Diálogo Jurídico” de Radio UNAM con el Dr. Miguel Carbonell

Si deseas conocer más de la trayectoria y de la producción jurídica del Dr. Miguel Carbonell, aquí encontrarás su página como investigador del IIJ-UNAM, su página personal y su cuenta de twitter.

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Entrevista en Congresistas

Este blogger desea compartirles la versión electrónica del periódico Congresistas, correspondiente a la primer quincena del mes de abril del año en curso, en donde se puede ver una entrevista en las páginas 15 y 20, en donde expusimos nuestra opinión sobre varios aspectos relacionados con la realidad política y jurídica de México, esperando sea de su interés.

Pincha aquí para descargar el ejemplar de Congresistas.

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Redes Sociales

Como uds saben, la Facultad de Derecho de la UNAM tiene un programa radiofónico intitulado “Diálogo Jurídico”-conducido por el maestro Eduardo Luis Feher- que se transmite en vivo por Radio UNAM, en el 860AM o por internet en http://www.radiounam.unam.mx/ todos los lunes de las 12 a las 13 horas y tiene como objetivo comentar y difundir temas de actualidad que tengan que ver con el Derecho, la Cultura y el Humanismo y que se traten de una forma ágil y sencilla, en virtud de que los radioescuchas son totalmente heterogéneos.

Así, el pasado lunes 28 de marzo se abordó el tema sobre las “Redes Sociales” en donde expusieron su punto de vista, tres destacados abogados, universitarios y twitteros:

Dr. Alberto Nava Garcés

Mtro. Alfonso Ochoa Hofmann

Mtro. Gerardo Loyo Martínez

Mucho se puede decir sobre las “Redes Sociales” y es cierto que quedaron muchas preguntas al aire, toda vez que el tiempo no alcanzó para decir todo lo que los invitados a “Diálogo Jurídico” quisieron expresar, pero les dejo en este link el audio del programa para que conozcan sus puntos de vista y puedan emitir su opinión relacionado con este tema y quizá –uds cibernautas- nos puedan compartir hasta dónde las “Redes Sociales” han trascendido en sus actividades profesionales y/o personales.

Programa “Diálogo Jurídico” Radio UNAM Tema: “Redes Sociales”

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Aspectos Constitucionales en Materia Tributaria

Les comparto una participación que tuve en el programa “Visión Fiscal” del portal “Argos Cursa Radio” sobre "Aspectos Constitucionales en Materia Tributaria", esperando sea de su interés.

Pincha aquí para escuchar el programa sobre “Aspectos Constitucionales en Materia Tributaria”.

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El Control Constitucional en el Procedimiento de Reformas y Adiciones a la Constitución Federal

Muchas son las reflexiones y análisis que podemos esbozar en relación al tema de los medios de control constitucional en el procedimiento de reformas o enmiendas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que debemos de tener muy presente la importancia de las instituciones jurídicas que existen en nuestro país para mantener vigente el principio de la supremacía constitucional, lo cual consideramos que da origen al contenido de las presentes reflexiones en donde se hará enfásis a la trascendencia que tienen los medios de control constitucional, entendidos como los mecanismos o instrumentos que la Constitución prevé para el caso de que por medio de algún acto de autoridad, se pretenda vulnerar el orden constitucional en nuestro llamado Estado de Derecho y en caso de que haya sido vulnerado dicho orden, intervenga la Suprema Corte de Justicia de la Nación -en su calidad de un Tribunal Constitucional de facto-, para restablecer la supremacía constitucional necesaria y mantener vigente el pacto social nacional y la armonía entre los gobernantes y los gobernados.

México, como toda nación que se enfrenta a constantes cambios producto de las condiciones actuales y de un mundo globalizado, será siempre necesario contar con un marco jurídico constitucional que tenga como características el que sea funcional y moderno de acorde a las exigencias de las circunstancias para enfrentar los retos del siglo XXI, teniendo como premisa inquebrantable el bienestar común de los mexicanos, lo que en un momento dado, obligaría a que el Poder Reformador de la Constitución, inicie el procedimiento de reformas o enmiendas constitucionales respectivas, pero, si consideramos que vivimos en un orden constitucional y legal, es innegable que ese procedimiento debe ser cumplido cabalmente, sin alteraciones, porque de lo contrario motivaría a que la persona que se sienta legitimada y afectada por dicho proceder, tenga que recurrir a algún medio de control constitucional para solicitar la intervención de la Corte y que ésta tenga que pronunciarse como garante del orden constitucional y con ello, aspirar a que se obtenga justicia constitucional que contribuya al fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho.

La última reforma a nuestra Constitución Federal de 1917 -al día de hoy- es del 29 de julio de 2010, es decir, en sus 94 años de vigencia la Constitución ha sido reformada (adicionada o derogada) en 502 ocasiones, en 191 decretos de reforma, a través de las cuáles se pretende actualizarse a la realidad política, jurídica, económica, social o cultural que vive nuestro país, sin embargo, las personas que han estado vigilantes de los procedimientos de reforma, han llegado a percatarse que no se cumplió debidamente algún paso o se incurrió en alguna omisión de carácter procedimiental, lo que originaría que la reforma o enmienda, tuviera un vicio el cual sería contrario al espíritu constitucional y por ende, debe existir algún medio procedente de control constitucional para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intervenga como garante del orden constitucional, asumiendo las funciones de un auténtico Tribunal Constitucional.

Así las cosas, para ejemplificar esta situación, procederemos a abordar sólo cinco de los asuntos que ha tenido nuestro sistema político y jurídico en los últimos años y que han tenido que ser conocidos y resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al asumir funciones de un auténtico Tribunal Constitucional:

A) Amparo en Revisión número1334/98, promovido por Manuel Camacho Solís, contra actos de Congreso de la Unión y de otras autoridades, consistentes en la iniciativa de reformas a la Constitución General de la República, presentada el 26 de julio de 1996, ante la Cámara de Diputados, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 22 de agosto de 1996.

Sobre este asunto que sin duda fue el que sentó el primer precedente en nuestro país, tanto por su implicación política como principalmente por la situación jurídica de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvieran que pronunciarse, al hacer uso de su facultad de atracción, sobre el desechamiento que realizó un Juez de Distrito, quien conoció en primera instancia el amparo en cuestión.

El quid de las discusiones que se dieron en el pleno de la Corte, fue precisamente determinar la procedencia o no del juicio de amparo por vicios en el procedimiento de reformas o enmiendas a la Constitución e inclusive, muchas de las opiniones[1] que los ministros emitieron sobre el particular consistieron en que:

Ø En la legislación mexicana no existe disposición expresa que prohíba el ejercicio de la acción de amparo en contra del proceso de reformas a la Carta Magna;

Ø Es innegable que los tribunales de la Federación están facultados para intervenir en el conocimiento de cualquier problema relativo a la violación de derechos fundamentales;

Ø La función primordial, encomendada al Poder Judicial de la Federación por el artículo 103 constitucional, es la de resolver controversias por leyes o actos de la autoridad.

Ø Las entidades que intervienen en el proceso legislativo de una reforma constitucional, que en ejercicio de sus atribuciones secuenciales integran el órgano revisor, son autoridades constituidas, en tanto que se ha determinado que tienen tal carácter las que dictan, promulgan, publican, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar la ley o el acto reclamado, y

Ø No obstante que el procedimiento reclamado hubiere quedado elevado formalmente a la categoría de la norma suprema; dicho procedimiento es impugnable a través del juicio de amparo.

Cabe destacar que la sentencia[2] que se dictó en el asunto en cuestión, por mayoría de seis votos, el pleno de la Corte determinó revocar el auto del Juez de Distrito por el que desechó la demanda de amparo del quejoso Manuel Camacho Solís y se dejó en libertad de jurisdicción al Juez de Distrito para que provea nuevamente sobre la admisión o no, de la demanda de garantías, dicho en otras palabras, la Corte avaló completamente la posibilidad de que sí se puede impugnar el procedimiento de reformas o enmiendas a la Constitución mediante el juicio de amparo. De hecho, más allá de que al final no prosperó la demanda del quejoso, la argumentación jurídica de la Corte, sirvió para futuros asuntos similares como el que veremos a continuación.

B) Controversia constitucional 82/2001, promovida por el Municipio de San Pedro Quiatoni, Tlacolula, Estado de Oaxaca, contra la validez de los actos del proceso legislativo que reformó la Constitución Federal en materia de Derechos y de Cultura Indígena, realizados por el Ejecutivo Federal, el Legislativo Federal y las Legislaturas de los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

En el asunto que nos ocupa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó por mayoría de ocho votos que si bien se impugna la validez del proceso de reformas, el hecho de que los supuestos vicios de que se adolece ocurrieron durante éste, no puede jurídicamente desvincularse de su objeto, que es la aprobación y declaración de reformas a la Carta Magna y en virtud de que estas reformas emanan de una autoridad no incluida en el artículo 105 constitucional, resulta improcedente la controversia constitucional, toda vez que la Constitución no le confiere facultad expresa a la Corte para controlar, a través de este medio de control constitucional, los actos que emita el Órgano Reformador.

El anterior criterio de la Corte, se cristalizó en dos tesis de jurisprudencia[3] que vienen a ratificar la postura que adoptó el Máximo Tribunal Judicial de nuestro país sobre esta situación: “Procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución Federal. No es susceptible de Control Jurisdiccional.” y “Controversia constitucional. Es improcedente para impugnar el procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución Federal.”

Sobre este asunto hay que destacar que los argumentos que se dieron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación al momento de resolver este asunto, se hicieron extensivos para las más de 200 controversias constitucionales que Municipios, el Congreso del Estado de Chiapas y el Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, interpusieron en contra de los actos del proceso de reformas constitucionales en materia indígena.

C) Controversia Constitucional 104/2004, promovida por el Gobierno del Distrito Federal, contra la validez de los actos del proceso legislativo tendientes a adicionar una parte al artículo 122 constitucional, presentada el 9 de diciembre de 2004.

Aquí la parte quejosa manifestó en su ocurso de demanda que si bien el más Alto Tribunal de Justicia de la Nación ha sostenido criterios en el sentido de que los procedimientos de reforma constitucional y las normas constitucionales en sí mismas no pueden ser objeto de revisión constitucional por parte del Poder Judicial de la Federación, lo que se reclama en la controversia constitucional, no es el resultado de un proceso de reforma constitucional sino de una serie de actos que forman parte de un indebido proceso de creación de normas relativas al Distrito Federal, que por su contenido y naturaleza, no pueden ser establecidas mediante proceso de reforma constitucional. Asimismo, señaló que los actos impugnados eran parte de un ilegal y arbitrario proceso, que por sí mismos adolecían de vicios constitucionales, cuya reparación sería imposible al concluir el procedimiento iniciado por la Cámara de Diputados, con lo que se dejaría en estado de indefensión al Distrito Federal al privársele del medio de defensa adecuado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación al momento de emitir su resolución sobre este asunto[4], por mayoría de votos, determinó desechar de plano la controversia constitucional que nos ocupa, bajo la razón de ser notoriamente improcedente este medio de control constitucional para impugnar el procedimiento de reformas o enmiendas a la Constitución, y de hecho, sirvieron de sustento las dos tesis jurisprudenciales mencionadas en el inciso anterior, es decir, las que se crearon con motivo de la controversia constitucional sobre las reformas en materia indígena.

Podemos decir que lo interesante en este asunto fue precisamente que se abrió una nueva discusión entre los ministros de la Corte sobre si el proceso de reforma constitucional es o no susceptible de control constitucional. Así que independientemente de que se haya desechado, volvió a sentar otro precedente en la historia de las impugnaciones de los procedimientos de reformas o enmiendas a la Constitución.

D) Acción de Inconstitucionalidad 168/2007 y su acumulada 169/2007, promovida por el Partido Convergencia, contra la validez de los actos del proceso legislativo que reformó varios artículos constitucionales en materia electoral, publicados el 13 de noviembre de 2007.

Esta impugnación en contra del procedimiento de reformas constitucionales es la penúltima sobre la que ha tenido que pronunciarse la nuestro Máximo Tribunal y en la que podemos destacar que la parte quejosa inicialmente argumentó que su acción es procedente, teniendo como base la admisión de la acción interpuesta en su momento por Manuel Camacho Solís, es decir, que sí se admite la posibilidad de sujetar a control constitucional el procedimiento de reforma constitucional y asimismo, destacó los actos del procedimiento de reforma, mismos que consideró como “arbitrarios y anárquicos”, en virtud de que no se siguió el procedimiento establecido en la Ley para la Reforma del Estado.[5]

Al respecto es preciso manifestar que la mencionada Ley para la Reforma del Estado establecía la creación de una Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, como órgano rector del proceso de la Reforma del Estado y tenía como obligación pronunciarse sobre distintos temas, entre ellos, el relativo al Sistema Electoral. Para ello, se creaban dos instancias: la Subcomisión de Consulta Pública y la Subcomisión Redactora. Siendo ésta última que tenía como facultad el elaborar un proyecto de reformas o adiciones en materia electoral y debía ser sometido en una sesión para que fuera discutido y, en su caso, aprobado por el máximo consenso posible, situación que no se cumplió y como ese era el objetivo de la Ley en comento, el procedimiento de reformas constitucionales electorales, empezó a viciarse, porque se dejaron a un lado a los grupos parlamentarios minoritarios representados en el Congreso de la Unión.

Sobre el particular la Corte tuvo dos pronunciamientos: el primero consistió en admitir la acción de inconstitucionalidad mediante una votación de seis a favor, cinco en contra[6] y el segundo, fue en determinar el sobreseimiento de la acción de inconstitucionalidad a través de una votación de siete votos a favor y cuatro en contra [7], bajo el argumento de que los partidos políticos nacionales únicamente pueden impugnar mediante dicha acción, las leyes secundarias electorales, no obstante que en la primera sesión donde se dieron los debates respecto a la procedencia de la acción, se había admitido el concepto de “leyes” en sentido amplio que contempla la fracción II del artículo 105 constitucional.

Cabe señalar que, no obstante el sentido de esta resolución, por tercera vez se sentó un precedente sobre la posibilidad de que un medio de control constitucional, pueda ser procedente para impugnar el procedimiento de reformas o enmiendas a la Ley Suprema de México, pues una vez más, la argumentación jurídica vertida en las sesiones del Pleno de la Corte, nutrieron más la posibilidad de que en algún futuro no muy lejano, la Corte pueda revisar si se cumplieron todos y cada uno de los pasos procedimentales al momento de llevar a cabo alguna modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

E) Amparo en revisión 2021/2009, promovido por Federico Jesús Reyes Heroles González Garza y otros, contr actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades consistentes en el procedimiento de reforma constitucional (en su conjunto) que culminó con el Decreto de 13 de noviembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se modificaron diversas disposiciones de la Constitución Federal; en específico, la reforma del artículo 41, fracción III, párrafo tercero (asunto conocido popularme como el “Amparo de los Intelectuales”).

“El asunto fue conocido inicialmente por la juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien por acuerdo de 26 de diciembre de 2007 registró el expediente y desechó la demanda al considerar que el juicio de amparo es notoriamente improcedente en contra de reformas o modificaciones a la Constitución Federal.

“Contra dicha determinación, el 18 de enero de 2008 la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que por resolución de 15 de febrero del mismo año, determinó remitir los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para el efecto de que analizara la viabilidad de ejercer facultad de atracción para conocer del referido recurso.

“El 9 de julio del mismo año, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló la Facultad de Atracción 4/2008, en el sentido de que es competente para resolver todos los juicios de amparo en revisión en los que se hubiere reclamado la reforma constitucional de 13 de noviembre de 2007.

“El 15 de julio de 2008, el Presidente de la Corte admitió y registró el referido recurso de revisión y el 2 de octubre del mismo año este Tribunal Pleno resolvió por mayoría de seis votos revocar el acuerdo que había desechado la demanda de amparo, ya que la causa de improcedencia razonada por la juzgadora no podía considerarse como manifiesta e indudable.

“Una vez tramitado el juicio, la juez de Distrito celebró la audiencia constitucional y dictó sentencia el veinticinco de junio de 2009, en la que resolvió sobreseer el juicio al actualizarse la causal de improcedencia prevista en los artículos 73, fracción XVIII, en relación con el 80, ambos de la Ley de Amparo. Dicho fallo fue controvertido por la parte quejosa el 14 de julio de 2009 a través de un recurso de revisión del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

“El 26 de agosto, siguiente el órgano Colegiado de referencia resolvió, en atención a lo fallado en la facultad de atracción emitido el 8 de febrero de 2008 por el Subsecretario General de Acuerdos de la Corte, remitir el expediente a esta Suprema Corte para que se decidiera si se ejercía la facultad de atracción para conocer del respectivo recurso de revisión.

“El Presidente de esta Suprema Corte de Justicia, por Acuerdo de nueve de septiembre de dos mil nueve, tuvo por recibido el expediente, registró el asunto como 2021/2009 y determinó que se debería asumir la competencia originaria para conocer del recurso de revisión.

“El asunto fue turnado para su resolución a una Comisión especial, en la cual su servidor fungió como Coordinador, dicha Comisión fue creada, como otras, para facilitar el trabajo y resolución de los asuntos y se integró por Secretarios de Estudio y Cuenta de diversas ponencias.”

Nota: los párrafos anteriores que se encuentran entre comillas y en cursivas, son parte de la versión taquigráfica de la SCJN de su sesión del 31 de enero de 2011.

El proyecto que se sometió a consideración al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 31 de enero de 2011, era en el sentido de declarar fundada la improcedencia del amparo y dado al momento de ser puesto a votación del pleno, se obtuvo un empate de cinco votos a favor y cinco en contra, toda vez que en ese momento la SCJN únicamente tenía 10 ministros.

Así las cosas, ya con la integración completa de la SCJN al haber sido designado ministro José Mario Pardo Rebolledo, el 28 de marzo de 2011, el pleno del máximo Tribunal Jurisdiccional de México sometió a la consideración el citado proyecto, en donde tuvo relevancia el recien nombrado ministro Pardo y refirió sobre la complejidad del tema consistente en definir si resulta procedente o no el juicio de amparo contra el procedimiento de creación o más aún, contra el contenido material de una reforma constitucional.

El ministro Pardo Rebolledo dijo “…desde mi perspectiva, el juicio de amparo no resulta el medio de control constitucional idóneo para realizar dicha revisión.”; lo que llama la atención es que no se atrevió a decir cuál es el medio de control constitucional que sí es idóneo!!!

El resultado de la votación fue de siete votos a favor de que se confirme el sobreseimiento decretado (léase, no procede en este caso la acción de amparo) y cuatro votos en contra (léase, en contra del sobreseimiento y a favor de la procedencia del amparo contra el procedimiento de reformas constitucionales, tanto en su procedimiento como en su contenido material).

Como en cada asunto de la SCJN, una vez que fue votado, la Secretaría General de Acuerdos tiene la obligación de mandar el expediente resuelto a los secretarios de estudio y cuenta para su “engrose”, es decir, su redacción definitiva, que consiste en introducir todas las adiciones, cambios o supresiones que los ministros resolvieron al momento de votar en definitiva y emitir sus argumentos durante la sesión. Una vez que se tenga el engrose y sea aprobado por el ministro ponente, se presenta por el Secretario General de Acuerdos para su aprobación final. Por lo que es importante conocer la sentencia (final) para poder analizarla y comentar los puntos relevantes, así como los votos particulares o concurrentes que fueron anunciados.

Bien, de los cinco asuntos que hemos comentado, prácticamente vemos que cada uno ha tenido una gran importancia, en virtud de que hemos sido testigos que distintos actores han utilizados los tres medios de control constitucional más conocidos en nuestro sistema judicial: el amparo, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad.

Cabe señalar que el total de asuntos que la Suprema Corte de Justcia de la Nación ha tenido que conocer por cuestiones similares a las que hemos abordado, son: Amparo en Revisión 1334/1998; Controversia Constitucional 48/2001, en cuanto a control constitucional de reforma de esa naturaleza; Controversia Constitucional 82/2001; Recurso de Reclamación 33/2007; Acción de Inconstitucionalidad 168/2007 y su acumulada 169/2007; Amparo en Revisión 186/2008; Contradicción de Tesis 37/2008; Recursos de Queja Diversos 20, 21 y 22/2008, 17/2008, 18/2008, también; Amparo en Revisión 1014/2008 y el último, Amparo en Revisión 2021/2009.

No debemos dejar pasar por alto que en ningún asunto ha existido una uniformidad de criterio sobre si el Máximo Tribunal tiene competencia o no para controlar el actuar del llamado Órgano Revisor de la Constitución, siempre salvaguardando el principio de la supremacía constitucional que consagra el artículo 133 constitucional. Para fortalecer lo anterior, basta con revisar detenidamente las versiones estenográficas sobre las sesiones en donde se han llevado a cabo los debates entre los ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues en cada caso, siempre hay ministros que pugnan y están a favor porque la Corte entre al fondo del asunto para manifestar su papel de defensor de la Constitución y de garante del pacto social nacional que se encuentra inmerso en los postulados que consagra la Carta Fundamental de los mexicanos.

Con estos debates hemos sido testigos de las distintas opiniones que enriquecen y contribuyen a que podamos nutrir nuestros argumentos jurídicos y las formas en las que podemos interpretar las lagunas que tiene nuestra Constitución, no solamente en el tema que ha sido motivo de análisis en el presente trabajo, sino en distintos temas en que pudieren aplicarse los razonamientos de los ministros de la Corte.

Nosotros nos congratulamos de los avances de la Corte en este tipo de asuntos que nos ocupa, empero, lamentamos profundamente que las decisiones mayoritariamente asumidas por los ministros de la Corte en cada caso, hayan sido en el fondo negativas para entrar al estudio de si hubo o no vicios en el procedimiento de reformas o enmiendas a la Constitución, en virtud de que nos pronunciamos porque se pueda legislar expresamente la facultad para que la Corte, sea indubitablemente, el Poder que vigile los procedimientos mencionados con el único propósito de mantener vigente e intacto el principio de la supremacía constitucional que es lo que nos otorga una estabilidad a nuestro sistema jurídico y político.

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[1] Ver Amparo contra el Procedimiento de Reformas a la Constitución, Serie Debates Pleno, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 1997, págs. 1 a la 98.

[2] Sentencia dictada en el Amparo en Revisión 2996/96, promovido por Manuel Camacho Solís, siendo Ministro Ponente Genaro David Góngora Pimentel, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión del 3 de febrero de 1997.

[3] De la controversia constitucional 82/2001, derivaron las dos tesis de jurisprudencia que se indican, las cuales fueron aprobadas por mayoría de ocho votos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión pública del 6 de septiembre de 2002, publicados en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del mismo mes y año, Novena Época, tomo XVI, con los números de tesis P./J. 39/2002 y P./J. 40/2002, respectivamente.

[4] Sentencia dictada en la Controversia Constitucional 104/2004, promovido por el Gobierno del Distrito Federal, siendo Ministro Ponente José Ramón Cossío Díaz, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha 30 de noviembre de 2004.

[5] Publicada en el 13 de abril de 2007 en el Diario Oficial de la Federación y de acuerdo a su artículo séptimo transitorio, se estableció una vigencia de un año calendario, concluyendo el 13 de abril de 2008 y en esta Ley se estableció el proceso de Reforma del Estado en México.

[6] Sesión pública ordinaria celebrada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 28 de abril de 2008.

[7] Sesión pública ordinaria celebrada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 26 de junio de 2008.